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En Argentina, las personas migrantes que viven con VIH tienen derecho a acceder al sistema de salud público, gratuito y universal, en conformidad con la Ley Nacional de Migraciones (N° 25.871) y la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS (N° 27.675). Estas normativas garantizan el acceso igualitario a servicios de salud para todas las personas, independientemente incluso de su situación migratoria irregular. Además, la ley de respuestas integral al VIH promueve un enfoque de derechos humanos y no discriminación, asegurando la provisión gratuita de medicamentos, tratamientos y atención integral a las personas con VIH, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
No obstante, a pesar de estas garantías legales, persisten barreras prácticas, discriminación y desconocimiento de derechos, que pueden dificultar el ejercicio pleno de estas libertades fundamentales. Algunas provincias han avanzado en un sentido contrario a los principios de gratuidad y universalidad respecto de las personas migrantes no residentes.
Por lo tanto, te recomendamos que ante cualquier situación concreta que estés viviendo vos u otra personas, o ante dudas más específicas, contacta directamente con los servicios de FH dado que esta información puede haber sido desactualizada.
Bolivia cuenta con un marco normativo que garantiza los derechos de la poblacion migrante, incluyendo el acceso a la salud, educación y trabajo, sin discriminación por su orientación sexual o condicion migratoria. La Ley de Prevención de VIH Nro. 3729 refuerza estos derechos, asegurando el acceso a tratamiento antirretroviral (ARV) para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Sin embargo, en los últimos meses se han registrado restricciones en el acceso a la salud pública para los migrantes, lo que ha impulsado a IpDH, el Defensor del Pueblo, CARITAS y OSC a impulsar acciones para incorporarlos al Sistema Único de Salud (SUS).
La población migrante que vive con VIH requiere especial atención, ya que enfrenta barreras adicionales debido a la falta de sensibilización del personal de salud en temas de migración y VIH.
En Colombia, los inmigrantes cuentan con derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y el marco legal del país, los cuales son aplicables sin importar su situación migratoria. Estas garantías abarcan áreas como la educación, la salud, el trabajo digno y la protección social, en línea con los principios de igualdad y no discriminación. Además, la Corte Constitucional ha sido un actor clave en la protección de los derechos de los migrantes, emitiendo fallos que reafirman el respeto por su dignidad humana y acceso a servicios básicos esenciales.
Los inmigrantes en Colombia tienen derechos fundamentales reconocidos, independientemente de su situación migratoria.
Marco legal:
Derechos específicos:
El derecho a la salud en Colombia es universal y no depende de la nacionalidad. Por lo tanto, las personas migrantes de cualquier país tienen acceso a servicios de salud, aunque el alcance puede variar dependiendo de su situación migratoria.
– Si tienen ingresos y trabajan formalmente, se deben afiliar al régimen contributivo.
– Si no cuentan con recursos suficientes, pueden solicitar su inclusión en el régimen subsidiado a través de la encuesta Sisbén IV.
– Los migrantes irregulares (sin documentación válida) no pueden afiliarse al sistema de salud, pero aún tienen derecho a atención de urgencias. En casos excepcionales, como enfermedades crónicas graves o embarazos, pueden solicitar atención adicional mediante fallos judiciales.
– Aunque el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) es específico para migrantes de Venezuela, hay programas de ayuda humanitaria y cooperación internacional que apoyan a personas de otras nacionalidades:
– Organizaciones como ACNUR, OIM y Cruz Roja trabajan para garantizar acceso a servicios básicos de salud, especialmente en comunidades fronterizas y para personas en tránsito.
– Algunas alcaldías y departamentos ofrecen servicios diferenciados a la población migrante en general, independientemente de su nacionalidad, con base en convenios con organizaciones internacionales.
Colombia reconoce el derecho a la atención integral de las personas viviendo con VIH, incluidas las personas inmigrantes, independientemente de su situación migratoria.
Atención y servicios a personas con VIH:
– Pruebas diagnósticas: Las pruebas rápidas y confirmatorias para VIH son gratuitas en hospitales públicos, algunas EPS y organizaciones no gubernamentales como Profamilia.
– Tratamiento antirretroviral (ARV): Los medicamentos para tratar el VIH están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Las personas en situación irregular también pueden acceder a este tratamiento mediante fallos judiciales o atención de urgencias extendida.
– Atención integral: Además del tratamiento, se garantiza el seguimiento médico, asesoramiento psicológico y manejo de enfermedades oportunistas.
Migrar es un derecho humano, y en Ecuador, La Constitución Ecuatoriana del 2008 y los tratados internacionales ratificados por el país establecen que ningún migrante puede ser criminalizado por su estatus migratorio (Art. 40 de la Constitución), y que debe gozar de los mismos derechos fundamentales y obligaciones que cualquier ciudadano ecuatoriano.
Esto incluye:
Además, el Estado ecuatoriano ha implementado mecanismos para la regularización migratoria, permitiendo que quienes residen en el país puedan acceder a documentación legal y estabilidad. Conocer estos derechos es fundamental para que las personas migrantes puedan ejercerlos y exigir su cumplimiento en caso de vulneración.
Esto incluye:
A pesar de estos avances, muchos migrantes aún enfrentan barreras en el acceso a sus derechos, lo que resalta la importancia de promover su inclusión y protección efectiva dentro de la sociedad ecuatoriana.
El acceso a los derechos de las personas es limitado pese al trabajo que realizan instituciones de gobierno e intergubernamentales.
Las personas migrantes que viven con VIH enfrentan una barrera para acceder a medicamento debido a que el marco legal permite proporcionar únicamente a aquellas personas con identificación legal. Es común que las personas reporten haber extraviado o haber sufrido el hurto de sus documentos personales.
Algunas personas migrantes que logran contactarse con alguna OBC u OSC logran acceder a algún tipo de atención pero solo si son servicios liderados por la comunidad, dado que tienen la apertura de atender a las personas cuando no tienen su documento de identidad.
No existe un procedimiento para que una persona pueda acceder a tratamiento o a medicamentos si es diagnosticada o reporta vivir con VIH.
Según un reportaje del Organización Panoamericana de Salud, el Ministerio de Salud de Guatemala en 2022, reportó un incremento del 23.72% de nuevos casos positivos en comparación al año 2021[1]. Sin embargo, las campañas de detección temprana y el acceso adecuado a la salud muestran índices positivos. En 2021, 31 000 personas con VIH, el 97% conocen su diagnóstico y el 79% de las personas que conocen su estado están en tratamiento antirretroviral y 93% de ellas han logrado una supresión viral.
La incidencia fue de 0.07 por cada 1.000 habitantes, con una prevalencia del 0.2. A pesar de estas cifras, las muertes relacionadas con el sida fueron menos de 500, que es una reducción de 9% en comparación con 2021.
En Francia, el sistema sanitario permite a cualquier persona, incluidos los extranjeros, buscar tratamiento y recibir asesoramiento sobre su salud y sexualidad. Para ello, es esencial entender cómo funciona el sistema sanitario francés, dónde acudir y cómo obtener ayuda.
Aunque se encuentre ilegalmente en Francia, tiene derecho a acceder a la asistencia sanitaria en Francia, un derecho previsto por la ley. Existen estructuras a las que puede acceder sin riesgo de expulsión. En esta sección se describen las estructuras gratuitas de asistencia sanitaria y de información.
En Francia se pueden realizar diversas pruebas de detección: del VIH y de determinadas infecciones de transmisión sexual (ITS), de los virus de la hepatitis B y C, de la tuberculosis, del cáncer de colon a partir de los 50 años, del cáncer de cuello de útero en mujeres a partir de los 25 años, del cáncer de mama en mujeres a partir de los 50 años, de la diabetes, etc. Existen diferentes métodos, según la patología que se esté investigando: análisis de sangre, frotis, radiografías, biopsias, etc.
La vacunación proporciona protección contra determinadas enfermedades (hepatitis A, hepatitis B, VPH (virus del papiloma humano), etc.). En particular, existe una vacuna eficaz contra la hepatitis B que puede prevenir la enfermedad. Es importante ponérsela lo antes posible, a partir de los dos meses en el caso de los niños.
Algunas vacunas proporcionan protección de por vida, mientras que otras requieren dosis de refuerzo.
En Francia, el sistema sanitario permite a cualquier persona, incluidos los extranjeros, buscar tratamiento y recibir asesoramiento sobre su salud y sexualidad. Para ello, es esencial entender cómo funciona el sistema sanitario francés, dónde acudir y cómo obtener ayuda.
Aunque se encuentre ilegalmente en Francia, tiene derecho a acceder a la asistencia sanitaria en Francia, un derecho previsto por la ley. Existen estructuras a las que puede acceder sin riesgo de expulsión. En esta sección se describen las estructuras gratuitas de asistencia sanitaria y de información.
En Francia se pueden realizar diversas pruebas de detección: del VIH y de determinadas infecciones de transmisión sexual (ITS), de los virus de la hepatitis B y C, de la tuberculosis, del cáncer de colon a partir de los 50 años, del cáncer de cuello de útero en mujeres a partir de los 25 años, del cáncer de mama en mujeres a partir de los 50 años, de la diabetes, etc. Existen diferentes métodos, según la patología que se esté investigando: análisis de sangre, frotis, radiografías, biopsias, etc.
La vacunación proporciona protección contra determinadas enfermedades (hepatitis A, hepatitis B, VPH (virus del papiloma humano), etc.). En particular, existe una vacuna eficaz contra la hepatitis B que puede prevenir la enfermedad. Es importante ponérsela lo antes posible, a partir de los dos meses en el caso de los niños.
Algunas vacunas proporcionan protección de por vida, mientras que otras requieren dosis de refuerzo.
Varios artículos de la legislación de la República Dominicana garantizan el derecho a la salud y el acceso a la atención médica:
– El artículo 61 de la Constitución garantiza el derecho a la salud de todas las personas en el territorio dominicano;
– El artículo 28 de la Ley 285-04 sobre migración garantiza el acceso a la asistencia médica a las mujeres migrantes embarazadas;
– El artículo 58 de la ley 135-11 garantiza el acceso a la atención de las PVVs, sin discriminación, en los centros de salud de la República Dominicana.
Sin embargo, existen varios obstáculos para acceder al sistema de salud. En primer lugar, el acceso a la información en los centros de salud es difícil para los no hispanohablantes. A ello se añade la dificultad de comunicarse en distintas lenguas (creol, francés, otros idiomas nativos) con los profesionales de salud. Además, los inmigrantes pueden vivir situaciones de discriminación por los profesionales de salud.
La epidemia de VIH/SIDA en República Dominicana se mantiene estable en la población general. Los últimos estudios epidemiológicos muestran una tasa de prevalencia nacional del 0,8% (ENDESA 2013). Las poblaciones más afectadas son los hombres que tienen sexo con hombres (5,2%), las personas transgénero (18%), las trabajadoras sexuales (4,5%), los migrantes de origen haitiano (4,6%), las mujeres vulnerables socialmente (2,4%) y los consumidores de drogas (prevalencia estimada entre 1,3% y 7,8% en 2008).
El sistema de salud en Argentina es amplio y complejo, caracterizado por su fragmentación y la coexistencia de diferentes niveles de gestión y provisión de servicios. Se conforma de tres subsistemas: salud pública, obras sociales y salud privada.
La salud pública se conforma con una red de hospitales nacionales, provinciales y municipales que abarca los tres niveles de atención; desde atención primaria hasta alta complejidad. Se caracteriza por garantizar cobertura según el principio de universalidad. Por lo tanto, cualquier persona tiene derecho a acceder a prestaciones de salud.
Las obras sociales son entidades que prestan asistencia sanitaria a los trabajadores en relación de dependencia. Existen obras sociales estatales y privadas pero la mayoría son de naturaleza sindical. Resultan equivalentes a los seguros médicos de otros países.
Finalmente, la salud privada se organiza principalmente a través de una red de empresas de medicina prepaga que prestan un servicio de seguro médico a través del pago de una cuota voluntaria.
En Bolivia, El Sistema de Salud Único (SUS) está organizado de la siguiente manera:
Primer nivel: Centros de salud ubicados en comunidades y barrios, donde se brinda atención primaria y se resuelve la mayoría de las enfermedades comunes.
Segundo nivel: Hospitales que ofrecen servicios especializados en ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna.
Tercer nivel: Hospitales de alta complejidad que cuentan con todas las especialidades médicas y brindan atención a pacientes con enfermedades graves.
El financiamiento del SUS proviene del Presupuesto General del Estado, y Cooperación internacional gestionadas por el Estado.
El sistema de salud en Colombia se basa en el modelo de aseguramiento social en salud, establecido por la Ley 100 de 1993, con un enfoque mixto que combina participación pública y privada. Su principal objetivo es garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, equitativos y oportunos para toda la población, fundamentado en el principio de universalidad y en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo.
Incluyen hospitales, clínicas y centros de salud, tanto públicos como privados, que prestan servicios directamente a los pacientes.
El sistema de salud en Ecuador está estructurado en diferentes niveles de atención y dividido en sectores público y privado, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios médicos para toda la población.
Además, existe una red complementaria, compuesta por ONG´s y fundaciones que trabajan con poblaciones específicas, como población en situación de movilidad humana, comunidad LGBTIQ+ y personas que viven con VIH, facilitando el acceso a atención médica especializada. Este sistema busca garantizar la atención médica para todas las personas en el país, aunque el acceso a los servicios puede variar según la institución y su ubicación geográfica.
El sistema de salud público en Guatemala está estructurado de la siguiente manera:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS):
Brinda atención gratuita (en teoría) a través de:
Puestos de salud (atención primaria).
Centros de salud (servicios básicos).
Hospitales nacionales (atención especializada).
En la actualidad, sigue siendo subfinanciado, con problemas de desabastecimiento de medicamentos y saturación.
Se implementó parcialmente el SIGSA 2.0 (Sistema Informático para gestión de salud), pero con limitaciones en zonas rurales.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS):
Atiende a trabajadores formales (cotizantes).
En la actualidad, enfrenta crisis financiera por subempleo y evasión de aportes.
Tiene hospitales especializados (como el Hospital de Especialidades), pero con largas listas de espera.
En Francia, los inmigrantes en situación irregular pueden acceder a los servicios de salud a través de programas de ayuda estatal. En caso de emergencia, los inmigrantes pueden acudir al hospital. Sin embargo, no pueden beneficiar de la seguridad social del Estado.
Los inmigrantes en situación irregular pueden beneficiar de los programas siguientes si pueden presentar un justificativo de domicilio:
Todos estos programas de ayuda permiten a los beneficiarios acceder a la salud y facilitan su trayectoria en salud.
Sin embargo, muchos obstáculos dificultan el acceso a la salud. En primer lugar, el trámite para acceder a estos programas se hace en línea. Para muchas personas, es aún muy difícil entender las funcionalidades de los sitios en dónde se tiene que hacer la solicitud. Algunas personas no tienes los dispositivos electrónicos para poder compartir documentos personales de manera digital. En segundo lugar, hay dificultades en la comunicación en diferentes idiomas (creol, francés, local). En tercer lugar, hay situaciones de discriminación y estigmatización por parte de los profesionales de salud que hacen vulnerables los derechos de las personas en situación irregular.
En Francia, los inmigrantes en situación irregular pueden acceder a los servicios de salud a través de programas de ayuda estatal. En caso de emergencia, los inmigrantes pueden acudir al hospital. Sin embargo, no pueden beneficiar de la seguridad social del Estado.
Los inmigrantes en situación irregular pueden beneficiar de los programas siguientes si pueden presentar un justificativo de domicilio:
Todos estos programas de ayuda permiten a los beneficiarios acceder a la salud y facilitan su trayectoria en salud.
Sin embargo, muchos obstáculos dificultan el acceso a la salud. En primer lugar, el trámite para acceder a estos programas se hace en línea. Para muchas personas, es aún muy difícil entender las funcionalidades de los sitios en dónde se tiene que hacer la solicitud. Algunas personas no tienes los dispositivos electrónicos para poder compartir documentos personales de manera digital. En segundo lugar, hay dificultades en la comunicación en diferentes idiomas (creol, francés, local). En tercer lugar, hay situaciones de discriminación y estigmatización por parte de los profesionales de salud que hacen vulnerables los derechos de las personas en situación irregular.
Organización Institucional:
Rectoría:
Ministerio de Salud Pública (MISPAS): Define políticas, regula y supervisa el sistema.
Servicio Nacional de Salud (SNS): Gestiona la red pública de servicios (hospitales, centros de atención primaria).
Financiamiento:
Seguro Familiar de Salud (SFS): Sistema de aseguramiento para empleados formales (cubre ~60% de la población).
Subsidio estatal: Para población pobre (vía Programa de Medicamentos Esenciales, Promese/CAL).
Red de servicios Públicos:
Niveles de atención:
Primer nivel: Unidades de Atención Primaria (UNAP) y Centros de Diagnóstico (maternidades, vacunación).
Segundo nivel: Hospitales provinciales (ej.: Hospital Moscoso Puello en Santo Domingo).
Tercer nivel: Hospitales regionales/especializados (ej.: Hospital Robert Reid Cabral pediátrico).
Infraestructura crítica:
Hospitales de referencia: Concentrados en ciudades grandes (Santo Domingo, Santiago).
Zonas rurales: Dependen de clínicas móviles y ONGs.
En Argentina, las personas migrantes LGBTIQ+ cuentan con un marco legal que protege sus derechos fundamentales, en consonancia con la Ley Nacional de Migraciones (N° 25.871) y otras normativas como la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) y la Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618). Estas leyes garantizan el acceso a derechos como el cambio registral de nombre y género según la autopercepción, reconocimiento de género no binario, la posibilidad de contraer matrimonio con independencia del género de las personas contrayentes, la adopción conjunta, y la igualdad ante la ley, entre otros. No obstante, a pesar de estas garantías legales las personas LGBTIQ+ pueden experimentar situaciones concretas de menoscabo o restricciones en sus derechos. Por lo tanto, te recomendamos que ante cualquier situación concreta que estés viviendo vos u otra personas, o ante dudas más específicas, contacta directamente con los servicios de FH.
Bolivia, ha realizado avances significativos en derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales (LGBTIQ+). La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, etc. Sin embargo, a pesar de estos avances legales, persisten desafíos y desigualdades. (IpDH)
Colombia es reconocida como uno de los países de América Latina con mayores avances en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+. Estos derechos están respaldados por la Constitución Política de 1991, que consagra los principios de igualdad y no discriminación, así como por una serie de leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional que han ampliado las garantías para esta población.
Reconocimientos legales clave:
En Ecuador, las personas LGBTIQ+ cuentan con un marco legal que reconoce y protege sus derechos, aunque aún existen retos en su plena garantía y aplicación. La Constitución establece el principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, permitiendo el acceso a servicios y oportunidades en igualdad de condiciones.
Esto incluye:
Con el tiempo, el país ha logrado avances significativos, la protección contra la discriminación en el ámbito de la salud. Sin embargo, la comunidad LGBTIQ+ sigue enfrentando barreras sociales y estructurales, lo que hace necesario continuar promoviendo la equidad y el respeto a sus derechos en todos los ámbitos de la sociedad.
Aspectos legales:
No hay prohibición explícita para atender a personas LGBTIQ+ en servicios públicos de salud, pero tampoco hay protecciones específicas contra la discriminación.
Constitución (Art. 93): Garantiza el derecho a la salud, pero no menciona orientación sexual o identidad de género.
Código de Salud: No incluye protocolos para atención diferenciada a población LGBTIQ+.
En la práctica
Discriminación:
Personas trans y no binarias son frecuentemente negadas atención o reciben trato hostil en hospitales públicos.
Falta de capacitación a médicos sobre diversidad sexual.
Acceso a hormonas o terapias:
No hay cobertura pública para terapia hormonal o cirugías de afirmación de género.
Pruebas de VIH e ITS
Derecho a pruebas gratuitas:
El MSPAS y ONGs ofrecen pruebas de VIH gratuitas y confidenciales en centros urbanos.
Problemas:
Estigma asociado al VIH lleva a subdiagnóstico.
Escasez de pruebas en áreas rurales.
Tratamiento antirretroviral:
Disponible en el sistema público, pero con desabastecimiento frecuente.
Las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Francia gozan de uno de los reconocimientos legales más avanzados del mundo.
La protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual se introdujo en la ley en 1985 y los insultos homófobos están penalizados desde 2004. Las parejas del mismo sexo están reconocidas por la unión libre y la adopción del pacto civil de solidaridad en 1999. El matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de estas parejas fueron aprobados por el Parlamento en su versión definitiva el 23 de abril de 2013 y promulgados en el Boletín Oficial de la República Francesa el 17 de mayo de 2013.
La identidad de género es uno de los criterios sujetos a discriminación reconocidos por la ley francesa desde el 18 de noviembre de 2016, y el procedimiento de cambio de estado civil ya no implica necesariamente (desde 2016) una intervención quirúrgica.
La discriminación o los comentarios injuriosos y difamatorios basados en la identidad de género forman parte explícitamente de los actos penalizados desde el 18 de noviembre de 2016, disposición reforzada el 27 de enero de 2017. La discriminación basada en la identidad sexual estaba penalizada desde 2012, y el concepto de identidad de género es el que utiliza la ley desde el 18 de noviembre de 2016.
Sin embargo, Francia no reconoce la posibilidad de cambiar de sexo legal sin un procedimiento jurídico complejo, ni la no binariedad, ni la intersexualidad y, en particular, la integridad físico-psicológica de los menores intersexuales.
Derechos Generales
Matrimonio igualitario: Legal desde 2013 (extendido a todos los territorios franceses).
Protección contra discriminación: Leyes francesas prohíben la homofobia y transfobia.
Cambio de género: Autodeterminación desde 2017 (sin requisito médico).
Servicios Públicos
Cobertura universal: Sistema francés (Sécurité Sociale) cubre:
Terapia hormonal y seguimiento médico para personas trans.
Pruebas de VIH/ITS gratuitas y confidenciales.
PrEP (profilaxis pre-exposición al VIH) disponible en hospitales.
Hospitales de referencia:
Guadalupe: CHU de Pointe-à-Pitre (servicios de infectología).
Martinica: CHU de Fort-de-France (atención especializada).
Guayana Francesa: Centre Hospitalier de Cayenne (enfermedades tropicales + VIH).
San Martín: Hospital Louis-Constant Fleming (servicios básicos; casos graves se derivan a Guadalupe).
Las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en Francia gozan de uno de los reconocimientos legales más avanzados del mundo.
La protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual se introdujo en la ley en 1985 y los insultos homófobos están penalizados desde 2004. Las parejas del mismo sexo están reconocidas por la unión libre y la adopción del pacto civil de solidaridad en 1999. El matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de estas parejas fueron aprobados por el Parlamento en su versión definitiva el 23 de abril de 2013 y promulgados en el Boletín Oficial de la República Francesa el 17 de mayo de 2013.
La identidad de género es uno de los criterios sujetos a discriminación reconocidos por la ley francesa desde el 18 de noviembre de 2016, y el procedimiento de cambio de estado civil ya no implica necesariamente (desde 2016) una intervención quirúrgica.
La discriminación o los comentarios injuriosos y difamatorios basados en la identidad de género forman parte explícitamente de los actos penalizados desde el 18 de noviembre de 2016, disposición reforzada el 27 de enero de 2017. La discriminación basada en la identidad sexual estaba penalizada desde 2012, y el concepto de identidad de género es el que utiliza la ley desde el 18 de noviembre de 2016.
Sin embargo, Francia no reconoce la posibilidad de cambiar de sexo legal sin un procedimiento jurídico complejo, ni la no binariedad, ni la intersexualidad y, en particular, la integridad físico-psicológica de los menores intersexuales.
Derechos Generales
Matrimonio igualitario: Legal desde 2013 (extendido a todos los territorios franceses).
Protección contra discriminación: Leyes francesas prohíben la homofobia y transfobia.
Cambio de género: Autodeterminación desde 2017 (sin requisito médico).
Servicios Públicos
Cobertura universal: Sistema francés (Sécurité Sociale) cubre:
Terapia hormonal y seguimiento médico para personas trans.
Pruebas de VIH/ITS gratuitas y confidenciales.
PrEP (profilaxis pre-exposición al VIH) disponible en hospitales.
Hospitales de referencia:
Guadalupe: CHU de Pointe-à-Pitre (servicios de infectología).
Martinica: CHU de Fort-de-France (atención especializada).
Guayana Francesa: Centre Hospitalier de Cayenne (enfermedades tropicales + VIH).
San Martín: Hospital Louis-Constant Fleming (servicios básicos; casos graves se derivan a Guadalupe).
Derechos para personas LGBTIQ+
No hay leyes que criminalicen la homosexualidad (desde 1822), pero tampoco hay protecciones explícitas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Constitución (Art. 42): Define el matrimonio como heterosexual, limitando derechos derivados (ej.: acceso a salud conjunta para parejas del mismo sexo).
Código Penal: No tipifica crímenes de odio por identidad de género u orientación sexual.
Realidad en servicios de salud
Discriminación sistémica:
Personas trans y no binarias son frecuentemente maltratadas o negadas atención en hospitales públicos.
Falta de protocolos para atención diferenciada (ej.: uso de nombre social para personas trans).
Terapias de afirmación de género:
No cubiertas por el sistema público. Hormonas y cirugías solo están disponibles en el sector privado (con altos costos).
Pruebas de VIH y ITS
Acceso a pruebas:
Gratuitas en centros de salud públicos y ONGs como COIN, pero con estigma asociado.
Autopruebas de VIH: No disponibles en el sistema público (solo en farmacias privadas).
Tratamiento antirretroviral:
Cubierto por el Seguro Nacional de Salud (SENASA) para personas diagnosticadas, pero con reportes de desabastecimiento.
Prevención combinada:
Programas de PrEP (profilaxis pre-exposición) son inexistentes en el sistema público.
Personas Migrantes LGBTIQ+
Migrantes haitianos y venezolanos LGBTIQ+:
Enfrentan doble discriminación (xenofobia + homofobia/transfobia).
Dificultad para acceder a servicios de salud sin documentos.
Migrantes en tránsito:
Vulnerables a violencia sexual en centros de detención migratoria.
Las personas migrantes en Argentina tienen derechos sociales. Pueden acceder al sistema de salud, educativo, de seguridad social y a trabajar, entre otros. Sin embargo los requerimientos para ejercer uno u otro de esos derechos pueden ir variando. Te recomendamos que ante cualquier situación concreta que estés viviendo vos u otra personas, o ante dudas más específicas, contacta con FH.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley de Migración N° 370 reconocen los derechos de las personas migrantes y establecen un marco legal para garantizar su protección. Sin embargo, en la práctica, existen barreras que limitan el pleno ejercicio de estos derechos. Actualmente existe una reglamentación contrapuesta con derechos constitucionales, las personas migrantes no pueden acceder al Sistema Único de Salud, es una tema de incidencia política para IpDH.
Las personas en situación de movilidad, tanto internas como internacionales, tienen derechos sociales fundamentales garantizados en Colombia. Estos derechos están enmarcados en la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales, y buscan asegurar el bienestar, la inclusión y la protección social de todas las personas desplazadas o migrantes, independientemente de su estatus legal o de su país de origen.
Las personas migrantes, especialmente las provenientes de Venezuela, han sido reconocidas bajo el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), que les otorga derechos laborales, de acceso a servicios públicos, educación y salud, de acuerdo con su situación de regularización migratoria.
Para los migrantes de otras nacionalidades, el acceso a estos servicios es posible una vez regularicen su estatus migratorio, pero también existe atención de urgencias y servicios básicos en ciertas circunstancias.
Las personas desplazadas por el conflicto armado en Colombia tienen derecho a recibir asistencia humanitaria, protección jurídica, y acceso a la reparación integral por parte del Estado. La Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) establece medidas específicas para la atención, reparación y restitución de tierras a las personas desplazadas.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), junto con otras entidades gubernamentales y organizaciones internacionales, trabaja para garantizar la atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado, incluyendo ayuda en la integración social y económica, asistencia psicológica y otros servicios.
Kimirina reconoce que las personas en situación de movilidad humana enfrentan múltiples barreras para acceder a servicios de salud, especialmente en temas de salud sexual y salud reproductiva, VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS). Por ello, trabajamos activamente para garantizar que población en situación de movilidad humana, refugiados y solicitantes de asilo reciban atención médica integral, libre de discriminación y adaptada a sus necesidades.
A través de nuestro modelo comunitario, ofrecemos:
Importante: el servicio de pruebas, PrEP y PEP son gratuitos, mientras que las especialidades cuentan con una subvención a partir de una evaluación dependiendo del caso.
Además, colaboramos con otras entidades y redes de apoyo para fortalecer la respuesta humanitaria y la integración de las personas en situación de movilidad humana en Ecuador, promoviendo su bienestar y acceso a servicios esenciales.
Marco Legal
Ley de Migración (Decreto 44-2022): Regula entrada, salida y estancia de extranjeros, pero no protege específicamente a migrantes en tránsito (como caravanas hacia EE.UU.).
Refugio: Guatemala es signataria de la Convención de 1951 sobre Refugiados, pero:
Limitaciones: Solo reconoce el 2% de solicitudes de asilo (datos 2024).
Problemas: Demoras en el proceso (hasta 2 años) y falta de recursos.
Derechos Básicos
Acceso a salud:
Migrantes irregulares solo reciben atención de emergencia en hospitales públicos (Art. 3 de la Ley de Migración).
Exclusiones: VIH o enfermedades crónicas no son prioridad.
Educación: Niños migrantes pueden acceder a escuelas públicas, pero enfrentan barreras burocráticas (requisito de documentos).
Situación de grupos vulnerables
Mujeres y niños:
Alto riesgo de trata y violencia sexual (especialmente en rutas como Tecún Umán).
Pocos albergues con protección especializada.
Personas LGBTIQ+:
Discriminación en albergues y deportaciones sin evaluar riesgos (ej.: migrantes hondureñas trans).
Retos principales
Deportaciones aceleradas: Cooperación con EE.UU. y México bajo presión.
Xenofobia: Discursos políticos contra migrantes (especialmente venezolanos y haitianos).
Corrupción: Extorsión por parte de autoridades migratorias.
Martinica, Guadalupe y San Martín son islas francesas situadas en zonas fronterizas de habla inglesa e hispana:
En Martinica y Guadalupe, las comunidades inmigrantes son originarias de la República Dominicana, Santa Lucía, Haití y Dominica.
En San Martín, los inmigrantes son principalmente de países vecinos como Haití y la República Dominicana. También hay personas provenientes de Venezuela, Colombia, Jamaica y Guyana.
El perfil de los inmigrantes corresponde a personas seropositivas que se desplazan por falta de acceso al tratamiento, especialmente en el caso de los venezolanos. También incluyen a trabajadoras sexuales, miembros de la comunidad LGBTQI+ y personas en situación de extrema vulnerabilidad económica. Las razones de su movilidad se explican por la crisis política, económica y social en Haití y Venezuela, la falta de recursos económicos y la falta de acceso a servicios de salud en las islas/países vecinos. También existe un gran estigma y discriminación basados en el estado serológico respecto al VIH o a la orientación sexual, lo que impulsa a las personas a desplazarse.
Las rutas migratorias son diversas debido a los diferentes tratados que existen en la región. Las personas procedentes de Haití y del Caribe anglófono forman parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM)[1]. Su pertenencia a esta comunidad les facilita el tránsito y llegan así a los territorios fronterizos de Martinica y Guadalupe, como Santa Lucía y San Cristóbal.
Las personas procedentes de la República Dominicana llegan a Martinica, Santa Lucía y Guadalupe en barco, cruzando ilegalmente y arriesgando sus vidas.
Los latinoamericanos entran con un visado de turista de 3 meses y salen en avión cuando expira el visado.
Para sobrevivir, las personas que se desplazan tienen trabajos clandestinos o inseguros a corto plazo. También pueden encontrarse en una situación en la que se dediquen al trabajo sexual.
Históricamente, la Guayana Francesa es el país de destino de la comunidad haitiana. Las comunidades migrantes proceden principalmente de los países vecinos: Surinam y Brasil. Recientemente, los flujos migratorios se han vuelto más complejos, con un flujo de personas en tránsito para obtener papeles de residencia francesa y poder así llegar a Europa o a los Estados Unidos.
Las razones por las que las personas vienen a Guayana Francesa son la falta de trabajo en su país de origen, las crisis políticas, sociales y económicas en los países vecinos (Venezuela, Brasil), la falta de acceso a la educación, el acceso limitado a la salud, la búsqueda de trabajo en territorio francés debido a la extrema precariedad en sus países respectivos y, por último, la estigmatización y la discriminación vinculadas al estado serológico respecto al VIH y/o a la orientación sexual.
Las trabajadoras del sexo inmigrantes provienen sobre todo del Brasil y de la República Dominicana. También hay personas provenientes de Venezuela y Cuba, pero en menor cantidad y no hay datos oficiales. Las personas que viven con el VIH son de origen brasileño, surinamés, haitiano o dominicano, y provienen de condiciones de vida extremadamente precarias.
El equipo de AIDES constata que los inmigrantes que están de manera temporal en la Guayana Francesa llegan por etapas, vía Brasil o Surinam. Llegan en piragua, en avión o por tierra. Sobreviven con trabajos precarios, contratos de corta duración o trabajo sexual. Se ayudan entre ellos a través de redes de solidaridad en dónde comparten ofertas de alojamiento y de asistencia de manera ocasional.
La inmigración en República Dominicana se caracteriza principalmente por la llegada de personas originarias de Haití, su país vecino. Según las últimas cifras del PNUD, en 2019, un 86,5% de la población de inmigrantes era de origen haitiano. Llegan a la República Dominicana principalmente por razones económicas y por la situación política del país respectivo. Según datos compartidos por el personal de COIN, os venezolanos representan el 1,2% de los inmigrantes, la mayoría de los cuales se instalan temporalmente en la capital antes de continuar hacia los Estados Unidos. Los cubanos representan el 0,3% de los inmigrantes.
Las razones por las que las personas vienen a la República Dominicana son la falta de trabajo, las crisis políticas y económicas en sus países (Venezuela, Cuba), el acceso muy limitado a la atención en salud y, por último, el estigma y la discriminación asociados al estado serológico respecto al VIH, la orientación sexual y los miembros de la comunidad LGBT.
Los migrantes trabajan, a menudo ilegalmente, en la construcción, la agricultura, el transporte y el comercio. Las trabajadoras del sexo son principalmente haitianas y venezolanas.
Las personas migrantes en Argentina deben tramitar residencias para evitar un estatus irregular. La residencia es un permiso brindado por el Estado para vivir en el país. Para conseguir la residencia, debés hacer un trámite en la página web de la Dirección Nacional de Migraciones: argentina.gob.ar/interior/migraciones Para conocer más sobre los trámites para la residencia, podes entrar al Canal Único de Contacto de la Dirección Nacional de Migraciones: canalunico.mininterior.gov.ar También podés pedir información y asistencia para los trámites de residencia en la embajada/consulado de tu país, en caso de que tenga sede en Argentina. Si sos migrante y querés radicarte en Argentina, necesitás tramitar alguna de las residencias previstas por la ley argentina.
Hay cuatro tipos de residencia: la residencia precaria, la residencia transitoria, la residencia temporaria, la residencia permanente. Los requisitos para acceder a cada una son distintos, pero en todos los casos vas a necesitar tu documentación personal. Por lo tanto es útil que puedas escanear o sacarle una foto a tus documentos personales y luego subirlos a la página web de la Dirección Nacional de Migraciones. Los requisitos para conseguir la residencia varían según seas nacional de un país miembro o asociado al Mercosur o no. Los países miembros y asociados al Mercosur son Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Surinam, Venezuela, Perú, Colombia, Guyana, Ecuador.
Los trámites para obtener las residencias pueden demorar. Por lo que mientras tramitas algún tipo de residencia, el Estado te brindará una residencia precaria que te permitirá trabajar y estudiar en Argentina. La residencia precaria dura 90 días. Cuando vence, podés renovarla hasta que termine el trámite de la residencia que solicitaste.
A su vez, también podés ingresar con una residencia transitoria si vas a estar poco tiempo, por ejemplo, si venís como turista o por motivos específicos.
Resulta más complejo para tramitar residencias temporarias en caso que desees establecerte en el país por bastante tiempo, aunque sin quedarte a vivir de forma definitiva. También podes tramitarla como un paso previo para obtener la residencia permanente. Según sea el caso, el plazo de la residencia temporaria podría ser de 1, 2 o 3 años y son renovables. La residencia temporaria habilita para entrar y salir del país indefinidamente. La documentación que tendrías que presentar para pedir la residencia es: cédula de identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad de tu país de origen (que incluya foto), certificado de antecedentes penales de tu país de origen y de los países en donde viviste en los últimos 3 años, una declaración jurada de que no tenés antecedentes penales en otros países (lo cual se realiza de modo presencial en la Dirección Nacional de Migraciones), documento de viaje o tarjeta migratoria con el sello de ingreso a Argentina, el certificado de domicilio o factura de un servicio público a tu nombre (puede ser de impuestos municipales, servicios de luz, agua o gas) y tasa de radicación.
El certificado de antecedentes penales lo podes tramitar directamente en la página web de la Dirección Nacional de Migraciones.
El certificado de domicilio sirve para probar dónde vivís en Argentina. Dónde tramitarlo puede depender de la ciudad o provincia en que residas. Habitualmente son las sedes policiales quienes emiten certificados de domicilio. Si vivís en una villa o asentamiento, podés usar como certificado de domicilio el Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares que se tramita en la ANSES, que es el organismo nacional de la seguridad social.
En caso de que vengas de un país que no es miembro o no es asociado al Mercosur, debés presentar documentación adicional para demostrar el cumplimiento de los requisitos para acceder al tipo de residencia temporaria que estás solicitando.
Finalmente, podes acceder a la residencia permanente si es que decidís establecerte en el país de modo definitivo. La residencia permanente corresponde en casos de que seas familiar de una persona de nacionalidad argentina o de una persona extranjera radicada en forma permanente en Argentina, si venís de un país miembro o asociado al Mercosur y tuviste residencia temporaria en Argentina por 2 años continuos e ininterrumpidos,o en el caso de que vengas de cualquier otro país que no sea miembro o asociado al Mercosur pero tuviste residencia temporaria en Argentina por 3 años continuos e ininterrumpidos. La documentación para pedir la residencia permanente es la misma que la que deberías presentar para pedir la residencia temporaria. En caso de pedir la residencia permanente, debés subir a la página web de la Dirección Nacional de Migraciones la documentación correspondiente a tu partida de nacimiento y la documentación específica de acuerdo al motivo por el que estás pidiendo vivir de manera permanente en el país.
Todos los trámites para iniciar y acceder a cualquier tipo de residencia pueden ser realizados por la misma persona, sin necesidad de contratar abogados o gestores. Todos los trámites de residencia se hacen online y se inician únicamente a través del Sistema de Radicación a Distancia Ra.D.Ex: migraciones.gob.ar/radex/
El primer paso es que te registres en el sistema mediante una cuenta de correo electrónico. Así entonces es que desde el sistema se te asignará una cuenta de usuario con. Con este usuario podrás navegar en el sitio web de la Dirección Nacional de Migraciones. Debés tener a mano toda la documentación y datos requeridos según el tipo de residencia que solicites. En caso de que gestiones residencias para tus familiares, tenés que tener también sus documentos. Cuando hayas finalizado tu solicitud, la Dirección Nacional de Migraciones te enviará la cita por correo electrónico para que te presentes en la delegación más cercana a tu domicilio. Tené en cuenta que para solicitar la residencia online es necesario que te encuentres dentro del territorio de la República Argentina. El sistema constatará el ingreso legal, y puede solicitarte el comprobante de entrada al país y/o sellado en el pasaporte .
La regularización migratorio en Bolivia requiere:
Fuerza especial de Lucha contra el Crimen (FLCC)
Fuerza especial de Lucha contra el Crimen (FLCN)
Registro Judicial de Antecedentes Penales:
6. Examen médico: Depósito bancario de Bs. 500 (45$) para persona mayor y Bs. 240 (22 $) para niños menores de 14 años. El examen contiene varios prerrequisitos establecidos hasta la obtención del certificado de salud.
7. Notaría para declaración jurada (solvencia económica). La declaración jurada de solvencia puede ser realizada en cualquier notaría del departamento el costo es de Bs, 75 (7$ ) y tiene que tener en la declaración jurada la firma del solvente y del solventado.
8. Interpol.
El proceso de regularización migratoria en Colombia es fundamental para garantizar que las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad, puedan acceder a derechos fundamentales como salud, educación, trabajo, y otros servicios sociales. El Estado colombiano ha implementado diversos mecanismos y leyes para regularizar la situación migratoria, siendo uno de los más relevantes el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), aunque también existen procedimientos para otras nacionalidades.
El ETPV, establecido en febrero de 2021, es un proceso de regularización migratoria excepcional diseñado específicamente para los migrantes venezolanos. Este estatuto tiene como objetivo brindar protección temporal a los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera irregular, permitiéndoles acceder a derechos laborales, de salud, y educación, entre otros.
Procedimiento bajo el ETPV:
El procedimiento de regularización también aplica para migrantes de otras nacionalidades, aunque con mecanismos diferentes dependiendo de su estatus y situación migratoria.
El salvoconducto es un documento migratorio que se otorga a las personas extranjeras en situación irregular que necesitan regularizar su estancia en el país, o que están en proceso de retorno a su país de origen.
Es un permiso temporal emitido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración Colombia), que autoriza a los migrantes en situación irregular a permanecer en el país bajo ciertas condiciones, o a salir de Colombia sin enfrentarse a sanciones migratorias. El salvoconducto no otorga derechos permanentes de residencia, pero sí permite la regularización temporal y el acceso a ciertos servicios básicos durante su período de vigencia.
Este tipo de salvoconducto se utiliza para personas migrantes que están en el proceso de regularización migratoria (por ejemplo, los migrantes venezolanos bajo el Estatuto Temporal de Protección). Con este documento, los migrantes pueden permanecer legalmente en el país mientras se resuelve su situación migratoria definitiva. Este salvoconducto les permite acceder a derechos como salud y educación de manera temporal.
Se otorga a los migrantes que desean regresar a su país de origen de manera voluntaria. Este permiso les permite salir de Colombia sin enfrentar sanciones migratorias, y puede estar acompañado de asistencia humanitaria y de transporte, en caso de que el migrante esté en situación de vulnerabilidad.
Este tipo de salvoconducto se emite para personas que se encuentran en una situación de urgencia o crisis (por ejemplo, víctimas de violencia o desastres naturales) y necesitan permanecer en Colombia temporalmente sin ser objeto de detenciones o sanciones.
Los requisitos específicos pueden variar según el tipo de salvoconducto solicitado, pero generalmente incluyen:
En cuanto al procedimiento de regularización de migrantes, en 2023, el gobierno de Guillermo Lasso aprobó el decreto no 43624 , que facilita la regularización de los ciudadanos venezolanos que hayan entrado en Ecuador a través de un punto de control migratorio. Estas personas pueden solicitar un permiso de residencia temporal de dos años, renovable una sola vez. Este permiso facilita el acceso a los servicios sanitarios. La legislación confirma que los migrantes con permiso de residencia temporal tienen derecho a acceder a los servicios sanitarios, encontrar un empleo permanente y beneficiarse de los derechos y servicios básicos.
Al final de la página se mostrará la tabla de servicios de derechos que ofrece cada socio dentro de la red con su respectivo detalle adicional de sus contactos que tendrá un botón de contacto independiente por socio al finalizar la tabla.
Existen varios tipos de permiso de residencia en Francia, que permiten a los extranjeros residir legalmente en territorio francés durante un periodo de tiempo determinado. He aquí los principales permisos de residencia:
Toda la información y los procedimientos adaptados a su situación están disponibles en: https:
Dependiendo del permiso de residencia, la solicitud debe hacerse en la prefectura de su localidad o directamente en línea en la página web de la ANEF (Administración Numérica de Extranjeros en Francia): https:
Derecho a trabajar: todos los permisos de residencia dan derecho a trabajar, salvo los permisos de residencia de « visitante » y « jubilado ».
Conviene saber: el permiso de residencia de estudiante/formador extranjero Para estudiar en Francia como extranjero, primero debe solicitar un visado de larga duración con permiso de residencia (VLS-TS) para « estudiantes », válido de cuatro meses a un año. Después de un año, puede solicitar un permiso de residencia temporal para estudiantes (válido durante un año) o un permiso de residencia plurianual para estudiantes (válido de dos a cuatro años). Más información: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2231 |
Para los solicitantes primerizos, todos estos permisos de residencia suelen tener una validez de un año.
Para las solicitudes de renovación, la duración puede ser de un año o más, lo que se conoce como permiso de residencia plurianual.
En el caso del permiso de residencia « extranjero enfermo », dependerá en particular de la estimación que haga la Ofii de la duración del tratamiento en Francia.
Existen varios tipos de permiso de residencia en Francia, que permiten a los extranjeros residir legalmente en territorio francés durante un periodo de tiempo determinado. He aquí los principales permisos de residencia:
Toda la información y los procedimientos adaptados a su situación están disponibles en: https:
Dependiendo del permiso de residencia, la solicitud debe hacerse en la prefectura de su localidad o directamente en línea en la página web de la ANEF (Administración Numérica de Extranjeros en Francia): https:
Derecho a trabajar: todos los permisos de residencia dan derecho a trabajar, salvo los permisos de residencia de « visitante » y « jubilado ».
Conviene saber: el permiso de residencia de estudiante/formador extranjero Para estudiar en Francia como extranjero, primero debe solicitar un visado de larga duración con permiso de residencia (VLS-TS) para « estudiantes », válido de cuatro meses a un año. Después de un año, puede solicitar un permiso de residencia temporal para estudiantes (válido durante un año) o un permiso de residencia plurianual para estudiantes (válido de dos a cuatro años). Más información: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2231 |
Para los solicitantes primerizos, todos estos permisos de residencia suelen tener una validez de un año.
Para las solicitudes de renovación, la duración puede ser de un año o más, lo que se conoce como permiso de residencia plurianual.
En el caso del permiso de residencia « extranjero enfermo », dependerá en particular de la estimación que haga la Ofii de la duración del tratamiento en Francia.
Tabla de servicios
Tabla de servicios
Tabla de servicios
Tabla de servicios
Contacto: Aides Saint-Laurent du Maroni - 36 rue du Colonel CHANDON 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI Aides Bas-Maroni - Route SOOKE (près de la mairie) 97340 GRAND SANTI Aides Haut-Maroni (Maripasoula) - Rue du Lieutenant FERRAND 97370 MARIPASOULA
Tabla de servicios
Tabla de servicios
Tabla de servicios
Tabla de servicios
En Argentine, les personnes migrantes vivant avec le VIH ont le droit d’accéder au système de santé public, gratuit et universel, conformément à la Loi Nationale sur les Migrations (N° 25.871) et à la Loi de Réponse Intégrale au VIH, Hépatites Virales, Tuberculose et IST (N° 27.675). Ces lois garantissent un accès égalitaire aux services de santé pour toutes les personnes, même en situation migratoire irrégulière. De plus, la loi de réponse intégrale au VIH promeut une approche des droits de l’homme et de non-discrimination, assurant la fourniture gratuite de médicaments, de traitements et de soins intégrés aux personnes vivant avec le VIH, indépendamment de leur nationalité ou statut migratoire.
Cependant, malgré ces garanties légales, des obstacles pratiques, de la discrimination et un manque de connaissance des droits persistent, ce qui peut entraver l’exercice complet de ces libertés fondamentales. Certaines provinces ont fait des progrès allant à l’encontre des principes de gratuité et d’universalité en ce qui concerne les personnes migrantes non résidentes.
Par conséquent, nous te recommandons que, face à toute situation concrète que tu ou une autre personne traverse, ou en cas de doutes plus spécifiques, tu contactes directement les services de FH, car cette information pourrait être obsolète.
La Bolivie dispose d’un cadre législatif garantissant les droits de la population migrante, y compris l’accès à la santé, à l’éducation et au travail, sans discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur statut migratoire. La Loi sur la Prévention du VIH N° 3729 renforce ces droits en assurant l’accès au traitement antirétroviral (TAR) pour toutes les personnes, quel que soit leur statut migratoire.
Cependant, ces derniers mois, des restrictions à l’accès aux soins de santé publique pour les migrants ont été enregistrées, ce qui a poussé l’IpDH, le Défenseur du Peuple, CARITAS et les OSC à entreprendre des actions pour les intégrer au Système de Santé Unique (SUS).
La population migrante vivant avec le VIH nécessite une attention particulière, car elle se heurte à des obstacles supplémentaires en raison du manque de sensibilisation du personnel de santé aux questions de migration et de VIH.
En Colombie, les immigrants bénéficient de droits fondamentaux reconnus par la Constitution et le cadre juridique du pays, qui s’appliquent indépendamment de leur statut migratoire. Ces garanties couvrent des domaines tels que l’éducation, la santé, le travail décent et la protection sociale, conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination. De plus, la Cour Constitutionnelle a joué un rôle clé dans la protection des droits des migrants, en rendant des décisions qui réaffirment le respect de leur dignité humaine et l’accès aux services de base essentiels.
Les immigrés en Colombie ont des droits fondamentaux qui sont reconnus, quel que soit leur statut migratoire.
Cadre juridique :
Droits spécifiques :
Le droit à la santé en Colombie est universel et ne dépend pas de la nationalité. Par conséquent, les personnes migrantes de n’importe quel pays ont accès aux services de santé, bien que la portée de cet accès puisse varier en fonction de leur statut migratoire.
– Si elles ont des revenus et travaillent de manière formelle, elles doivent s’affilier au régime contributif.
-Si elles n’ont pas suffisamment de ressources, elles peuvent demander leur inclusion dans le régime subsidié via le questionnaire Sisbén IV.
-Les migrants en situation irrégulière (sans documentation valide) ne peuvent pas s’affilier au système de santé, mais ont toujours droit aux soins d’urgence. Dans des cas exceptionnels, comme des maladies chroniques graves ou des grossesses, ils peuvent demander des soins supplémentaires par le biais de décisions judiciaires.
– Bien que le Statut de protection temporaire pour les Vénézuéliens (ETPV) soit spécifique aux migrants venus du Venezuela, il existe des programmes d’aide humanitaire et de coopération internationale qui soutiennent des personnes d’autres nationalités :
– Des organisations telles que le HCR, l’OIM et la Croix-Rouge œuvrent pour garantir l’accès aux services de santé de base, en particulier dans les communautés frontalières et pour les personnes en transit.
– Certaines mairies et certains départements proposent des services différenciés à la population migrante en général, quelle que soit leur nationalité, sur la base d’accords passés avec des organisations internationales.
– La Colombie reconnaît le droit à une prise en charge intégrale des personnes vivant avec le VIH, y compris les personnes immigrées, indépendamment de leur situation migratoire.
Soins et services pour les personnes vivant avec le VIH :
– Tests de dépistage : Les tests rapides et confirmatoires du VIH sont gratuits dans les hôpitaux publics, certaines EPS et des organisations non gouvernementales telles que Profamilia.
– Traitement antirétroviral (ARV) : Les médicaments destinés à traiter le VIH sont inclus dans le Plan de prestations de santé (PBS). Les personnes en situation irrégulière peuvent également accéder à ce traitement grâce à des décisions judiciaires ou à la prolongation des soins d’urgence.
– Prise en charge intégrale : outre le traitement, un suivi médical, un accompagnement psychologique et la prise en charge des maladies opportunistes sont garantis.
Migrer est un droit humain et, en Équateur, la Constitution équatorienne de 2008 ainsi que les traités internationaux ratifiés par le pays stipulent qu’aucun migrant ne peut être criminalisé en raison de son statut migratoire (art. 40 de la Constitution) et qu’il doit jouir des mêmes droits fondamentaux et assumer les mêmes obligations que tout citoyen équatorien.
Cela inclut :
De plus, l’État équatorien a mis en place des mécanismes de régularisation migratoire, permettant aux personnes résidant dans le pays d’obtenir des documents légaux et une stabilité. Connaître ces droits est essentiel pour que les migrants puissent les exercer et en exiger le respect en cas de violation.
Cela inclut :
Malgré ces avancées, de nombreux migrants rencontrent encore des obstacles dans l’accès à leurs droits, ce qui souligne l’importance de promouvoir leur inclusion et leur protection effective au sein de la société équatorienne.
L’accès aux droits des personnes est limité malgré le travail des institutions gouvernementales et intergouvernementales.
Les migrants vivant avec le VIH se heurtent à un obstacle dans l’accès aux médicaments, car le cadre juridique n’autorise que les personnes disposant d’une pièce d’identité légale à se faire délivrer des médicaments. Il est fréquent que des personnes déclarent avoir perdu ou s’être fait voler leurs documents personnels.
Certains migrants qui parviennent à contacter une OBC ou une OSC peuvent accéder à une certaine forme de soins, mais uniquement s’il s’agit de services gérés par la communauté, car ils sont disposés à aider les personnes dépourvues de leurs documents d’identité.
Il n’existe aucune procédure permettant à une personne d’accéder à un traitement ou à des médicaments si elle est diagnostiquée ou déclare vivre avec le VIH.
Selon un rapport de l’Organisation panaméricaine de la santé, le ministère guatémaltèque de la santé a signalé une augmentation de 23,72 % des nouveaux cas positifs en 2022 par rapport à 2021. Cependant, les campagnes de détection précoce et l’accès adéquat aux soins de santé affichent des taux positifs. En 2021, 31 000 personnes séropositives, 97 % d’entre elles connaissent leur diagnostic et 79 % de celles qui connaissent leur statut sont sous traitement antirétroviral et 93 % d’entre elles ont atteint la suppression virale.
L’incidence était de 0,07 pour 1 000 habitants, avec une prévalence de 0,2. Malgré ces chiffres, les décès liés au sida ont été inférieurs à 500, ce qui représente une réduction de 9 % par rapport à 2021.
Deux dispositifs permettent de se faire soigner gratuitement :
Une assistante sociale de la PASS peut vous accompagner dans l’obtention de ces dispositifs. Pour plus d’informations : https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/situation-irreguliere-ame
– Personnes immigrées vivant avec le VIH
En France, il est possible de réaliser différents dépistages : pour le VIH et certaines infections sexuellement transmissibles (IST), les virus des hépatites B et C, la tuberculose, le cancer du côlon à partir de 50 ans, le cancer du col de l’utérus chez la femme à partir de 25 ans, le cancer du sein chez la femme à partir de 50 ans, le diabète, etc. Différentes méthodes existent selon les pathologies recherchées : prise de sang, frottis, radio, biopsie, etc.
La vaccination permet de se protéger contre certaines maladies (hépatite A, hépatite B, HPV (papillomavirus), etc.). Il existe notamment un vaccin efficace contre l’hépatite B qui permet d’éviter la maladie. Il est important de le faire le plus tôt possible, dès l’âge de deux mois pour les enfants.
Certains vaccins assurent une protection à vie et d’autres nécessitent des rappels.
Deux dispositifs permettent de se faire soigner gratuitement :
Une assistante sociale de la PASS peut vous accompagner dans l’obtention de ces dispositifs. Pour plus d’informations : https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/situation-irreguliere-ame
En France, il est possible de réaliser différents dépistages : pour le VIH et certaines infections sexuellement transmissibles (IST), les virus des hépatites B et C, la tuberculose, le cancer du côlon à partir de 50 ans, le cancer du col de l’utérus chez la femme à partir de 25 ans, le cancer du sein chez la femme à partir de 50 ans, le diabète, etc. Différentes méthodes existent selon les pathologies recherchées : prise de sang, frottis, radio, biopsie, etc.
La vaccination permet de se protéger contre certaines maladies (hépatite A, hépatite B, HPV (papillomavirus), etc.). Il existe notamment un vaccin efficace contre l’hépatite B qui permet d’éviter la maladie. Il est important de le faire le plus tôt possible, dès l’âge de deux mois pour les enfants.
Certains vaccins assurent une protection à vie et d’autres nécessitent des rappels.
Plusieurs articles de la législation de la République dominicaine garantissent le droit à la santé et l’accès aux soins de santé :
– L’article 61 de la Constitution garantit le droit à la santé pour toutes les personnes se trouvant sur le territoire dominicain;
– L’article 28 de la loi 285-04 sur la migration garantit l’accès aux soins médicaux pour les femmes migrantes enceintes;
– L’article 58 de la loi 135-11 garantit l’accès aux soins pour les PVVIH, sans discrimination, dans les centres de santé de la République dominicaine.
Cependant, il existe plusieurs obstacles à l’accès au système de santé. Tout d’abord, l’accès à l’information dans les centres de santé est difficile pour les non-hispanophones. A cela s’ajoute la difficulté de communiquer dans différentes langues (créole, français, autres langues maternelles) avec les professionnels de santé. De plus, les immigrés peuvent être victimes de discrimination de la part des professionnels de santé.
L’épidémie de VIH/sida en République dominicaine reste stable dans la population générale. Les dernières études épidémiologiques montrent un taux de prévalence national de 0,8 % (ENDESA 2013). Les populations les plus touchées sont les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (5,2%), les transgenres (18%), les travailleurs du sexe (4,5%), les migrants d’origine haïtienne (4,6%), les femmes socialement vulnérables (2,4%) et les consommateurs de drogues (prévalence estimée entre 1,3% et 7,8% en 2008).
Le système de santé argentin est vaste et complexe, caractérisé par sa fragmentation et la coexistence de différents niveaux de gestion et de prestation de services. Il se compose de trois sous-systèmes : la santé publique, la sécurité sociale et la santé privée.
La santé publique est constituée d’un réseau d’hôpitaux nationaux, provinciaux et municipaux couvrant les trois niveaux de soins, des soins primaires à la haute complexité. Elle se caractérise par la garantie d’une couverture selon le principe d’universalité. Ainsi, toute personne a le droit d’accéder aux services de santé.
Les fonds de protection sociale sont des entités qui fournissent des soins de santé aux travailleurs dans le cadre d’une relation de dépendance. Il existe des fonds de protection sociale publics et privés, mais la plupart d’entre eux sont de nature syndicale. Ils sont l’équivalent de l’assurance maladie dans d’autres pays.
Enfin, les soins de santé privés sont organisés principalement par le biais d’un réseau de sociétés médicales prépayées qui fournissent un service d’assurance maladie moyennant une cotisation volontaire.
En Bolivie, le système de santé unifié (SUS) est organisé comme suit :
Premier niveau : centres de santé situés dans les communautés et les quartiers, où sont dispensés les soins primaires et où sont résolues les maladies les plus courantes.
Deuxième niveau : hôpitaux offrant des services spécialisés en gynécologie, pédiatrie, chirurgie et médecine interne.
Troisième niveau : hôpitaux très complexes qui disposent de toutes les spécialités médicales et fournissent des soins aux patients atteints de maladies graves.
Le financement des SUS provient du budget général de l’État et de la coopération internationale gérée par l’État.
Le système de santé colombien repose sur le modèle de l’assurance maladie sociale, établi par la loi 100 de 1993, avec une approche mixte combinant la participation publique et privée. Son principal objectif est de garantir l’accès à des services de santé de qualité, équitables et opportuns pour l’ensemble de la population, sur la base du principe d’universalité et de la loi statutaire 1751 de 2015, qui reconnaît la santé comme un droit fondamental autonome.
Ils comprennent les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé, tant publics que privés, qui fournissent des services directement aux patients.
Le système de santé équatorien est structuré en différents niveaux de soins et divisé en secteurs public et privé, avec pour objectif de garantir l’accès aux services médicaux à l’ensemble de la population.
En outre, il existe un réseau complémentaire, composé d’ONG et de fondations qui travaillent avec des populations spécifiques, telles que la population en situation de mobilité humaine, la communauté LGBTIQ+ et les personnes vivant avec le VIH, facilitant ainsi l’accès à des soins médicaux spécialisés. Ce système vise à garantir des soins médicaux à toutes les personnes du pays, bien que l’accès aux services puisse varier en fonction de l’institution et de sa situation géographique.
Le système de santé publique du Guatemala est structuré comme suit :
Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale (MSPAS) :
Fournit des soins gratuits (en théorie) grâce à :
Postes de santé (soins primaires).
Postes de santé (soins primaires).
Hôpitaux nationaux (soins spécialisés).
À l’heure actuelle, il reste sous-financé et connaît des problèmes de pénurie de médicaments et de surpopulation.
SIGSA 2.0 (système d’information sur la gestion de la santé) a été partiellement mis en œuvre, mais avec des limites dans les zones rurales.
Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) :
Il s’adresse aux travailleurs formels (cotisants).
Elle est actuellement confrontée à une crise financière due au sous-emploi et à l’évasion des cotisations.
Elle dispose d’hôpitaux spécialisés (tels que l’Hospital de Especialidades), mais les listes d’attente sont longues.
En France, les personnes sans autorisation de séjour peuvent accéder aux services de santé grâce aux programmes d’aide de l’État. En cas d’urgence, ils peuvent se rendre à l’hôpital. Cependant, ils ne peuvent pas bénéficier de la sécurité sociale de l’État.
Les personnes sans autorisation de séjour peuvent bénéficier des programmes suivants si elles peuvent fournir une preuve de résidence:
Tous ces programmes de soutien permettent aux bénéficiaires d’accéder aux soins de santé et facilitent leur parcours de santé.
Cependant, de nombreux obstacles entravent l’accès aux soins de santé. Tout d’abord, la procédure d’accès à ces programmes se fait en ligne. Pour de nombreuses personnes, il est encore très difficile de comprendre les fonctionnalités des sites d’application. Certaines personnes ne disposent pas des appareils électroniques leur permettant de partager des documents personnels sous forme numérique. Deuxièmement, il y a des difficultés à communiquer dans différentes langues (créole, français, local). Troisièmement, il existe des situations de discrimination et de stigmatisation de la part des professionnels de la santé qui rendent les droits des personnes sans autorisation de séjour vulnérables.
En France, les personnes sans autorisation de séjour peuvent accéder aux services de santé grâce aux programmes d’aide de l’État. En cas d’urgence, ils peuvent se rendre à l’hôpital. Cependant, ils ne peuvent pas bénéficier de la sécurité sociale de l’État.
Les personnes sans autorisation de séjour peuvent bénéficier des programmes suivants si elles peuvent fournir une preuve de résidence:
Tous ces programmes de soutien permettent aux bénéficiaires d’accéder aux soins de santé et facilitent leur parcours de santé.
Cependant, de nombreux obstacles entravent l’accès aux soins de santé. Tout d’abord, la procédure d’accès à ces programmes se fait en ligne. Pour de nombreuses personnes, il est encore très difficile de comprendre les fonctionnalités des sites d’application. Certaines personnes ne disposent pas des appareils électroniques leur permettant de partager des documents personnels sous forme numérique. Deuxièmement, il y a des difficultés à communiquer dans différentes langues (créole, français, local). Troisièmement, il existe des situations de discrimination et de stigmatisation de la part des professionnels de la santé qui rendent les droits des personnes sans autorisation de séjour vulnérables.
Organisation institutionnelle :
Le presbytère :
Ministère de la santé publique (MISPAS) : définit les politiques, réglemente et supervise le système.
National Health Service (NHS) : gère le réseau public de services (hôpitaux, centres de soins primaires).
Financement:
Assurance maladie familiale (FHIS) : système d’assurance pour les employés formels (couvre ~60% de la population).
Subvention de l’État : pour la population pauvre (via le programme de médicaments essentiels, Promese/CAL).
Réseau de services publics:
Niveaux de soins:
Premier niveau : unités de soins primaires (UNAP) et centres de diagnostic (maternités, vaccination).
Deuxième niveau : hôpitaux provinciaux (par exemple, l’hôpital Moscoso Puello à Saint-Domingue).
Troisième niveau : hôpitaux régionaux/spécialisés (par exemple, l’hôpital pédiatrique Robert Reid Cabral).
Infrastructures critiques:
Hôpitaux de référence : concentrés dans les grandes villes (Saint-Domingue, Santiago).
Zones rurales : dépendent des cliniques mobiles et des ONG.
En Argentine, les personnes migrantes LGBTIQ+ bénéficient d’un cadre juridique qui protège leurs droits fondamentaux, conformément à la Loi nationale sur les migrations (n° 25.871) et à d’autres textes tels que la Loi sur l’identité de genre (n° 26.743) et la Loi sur le mariage égalitaire (n° 26.618). Ces lois garantissent des droits tels que le changement d’état civil du nom et du genre selon l’autoperception, la reconnaissance du genre non binaire, la possibilité de se marier indépendamment du genre des partenaires, l’adoption conjointe, et l’égalité devant la loi, entre autres.
Cependant, malgré ces garanties légales, les personnes LGBTIQ+ peuvent encore être confrontées à des situations concrètes de discrimination ou de restriction de leurs droits. C’est pourquoi, en cas de problème spécifique concernant vous ou une autre personne, ou en cas de doute, il est recommandé de contacter directement les services de FH.
Bolivie, a réalisé des avancées significatives en matière de droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles (LGBTIQ+). La Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie interdit et sanctionne toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine, la culture, etc. Cependant, malgré ces avancées juridiques, des défis et des inégalités persistent. (IpDH)
La Colombie est reconnue comme l’un des pays d’Amérique latine ayant réalisé les plus grands progrès dans la reconnaissance des droits des personnes LGBTIQ+. Ces droits sont garantis par la Constitution politique de 1991, qui consacre les principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que par une série de lois, décrets et arrêts de la Cour constitutionnelle qui ont élargi les garanties pour cette population.
Reconnaissances juridiques clés :
En Équateur, les personnes LGBTIQ+ disposent d’un cadre juridique qui reconnaît et protège leurs droits, bien qu’il subsiste encore des défis quant à leur pleine garantie et application. La Constitution établit le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, permettant l’accès aux services et aux opportunités dans des conditions d’égalité.
Cela inclut :
Avec le temps, le pays a réalisé des avancées significatives en matière de protection contre la discrimination dans le domaine de la santé. Cependant, la communauté LGBTIQ+ continue de faire face à des barrières sociales et structurelles, ce qui rend nécessaire de continuer à promouvoir l’équité et le respect de ses droits dans tous les domaines de la société.
Aspects juridiques:
Il n’existe aucune interdiction explicite de soigner les personnes LGBTIQ+ dans les services de santé publics, mais il n’existe pas non plus de protections spécifiques contre la discrimination..
Constitution (article 93) : garantit le droit à la santé, mais ne mentionne pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Code de la santé : ne comprend pas de protocoles de soins différenciés pour la population LGBTIQ+.
En pratique
Discrimination :
Les personnes trans et non binaires se voient souvent refuser des soins ou reçoivent un traitement hostile dans les hôpitaux publics.
Manque de formation des médecins sur la diversité sexuelle.
Accès aux hormones ou aux thérapies :
Il n’y a pas de couverture publique pour les thérapies hormonales ou les chirurgies d’affirmation du genre.
Dépistage du VIH et des IST
Droit à des tests gratuits :
Le MSPAS et les ONG proposent des tests de dépistage du VIH gratuits et confidentiels dans les centres urbains.
Problemas:
La stigmatisation liée au VIH entraîne un sous-diagnostic.
Manque de preuves dans les zones rurales.
Traitement antirétroviral :
Disponible dans le système public, mais souvent en rupture de stock.
Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en France bénéficient d’une reconnaissance légale parmi les plus avancées au monde.
Une protection contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle est introduite dans la loi en 1985 et les insultes homophobes sont pénalisées depuis 2004. Les couples de même sexe sont reconnus par le concubinage et l’adoption du pacte civil de solidarité en 1999. Le mariage entre personnes de même sexe et l’adoption par ces couples sont validés par le Parlement en version définitive le 23 avril 2013 et promulgués au Journal officiel de la République française le 17 mai 2013.
L’identité de genre est l’un des critères sujets à discrimination reconnus par la loi française depuis le 18 novembre 2016, et la procédure de changement d’état civil n’implique plus nécessairement (depuis 2016) une intervention chirurgicale.
Les discriminations ou propos injurieux et diffamatoires fondés sur l’identité de genre font explicitement partie de ceux pénalisés depuis le 18 novembre 2016, disposition renforcée le 27 janvier 2017. Les discriminations fondées sur l’identité dite sexuelle étaient pénalisées depuis 2012, la notion d’identité de genre étant celle utilisée par la loi depuis le 18 novembre 2016.
La France ne reconnaît cependant pas la possibilité de changer de sexe légal sans procédure lourde du point de vue juridique, ni la non-binarité, ni l’intersexuation et en particulier l’intégrité physico-psychologique des mineurs intersexes.
Aspects juridiques:
Il n’existe aucune interdiction explicite de soigner les personnes LGBTIQ+ dans les services de santé publics, mais il n’existe pas non plus de protections spécifiques contre la discrimination.
Constitution (article 93) : garantit le droit à la santé, mais ne mentionne pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Code de la santé : ne comprend pas de protocoles de soins différenciés pour la population LGBTIQ+.
En pratique
Discrimination :
Les personnes trans et non binaires se voient souvent refuser des soins ou reçoivent un traitement hostile dans les hôpitaux publics.
Manque de formation des médecins sur la diversité sexuelle.
Accès aux hormones ou aux thérapies :
Il n’y a pas de couverture publique pour les thérapies hormonales ou les chirurgies d’affirmation du genre.
Dépistage du VIH et des IST
Droit à des tests gratuits :
Le MSPAS et les ONG proposent des tests de dépistage du VIH gratuits et confidentiels dans les centres urbains.
Problemas:
La stigmatisation liée au VIH entraîne un sous-diagnostic.
Manque de preuves dans les zones rurales.
Traitement antirétroviral :
Disponible dans le système public, mais souvent en rupture de stock.
Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en France bénéficient d’une reconnaissance légale parmi les plus avancées au monde.
Une protection contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle est introduite dans la loi en 1985 et les insultes homophobes sont pénalisées depuis 2004. Les couples de même sexe sont reconnus par le concubinage et l’adoption du pacte civil de solidarité en 1999. Le mariage entre personnes de même sexe et l’adoption par ces couples sont validés par le Parlement en version définitive le 23 avril 2013 et promulgués au Journal officiel de la République française le 17 mai 2013.
L’identité de genre est l’un des critères sujets à discrimination reconnus par la loi française depuis le 18 novembre 2016, et la procédure de changement d’état civil n’implique plus nécessairement (depuis 2016) une intervention chirurgicale.
Les discriminations ou propos injurieux et diffamatoires fondés sur l’identité de genre font explicitement partie de ceux pénalisés depuis le 18 novembre 2016, disposition renforcée le 27 janvier 2017. Les discriminations fondées sur l’identité dite sexuelle étaient pénalisées depuis 2012, la notion d’identité de genre étant celle utilisée par la loi depuis le 18 novembre 2016.
La France ne reconnaît cependant pas la possibilité de changer de sexe légal sans procédure lourde du point de vue juridique, ni la non-binarité, ni l’intersexuation et en particulier l’intégrité physico-psychologique des mineurs intersexes.
Aspects juridiques:
Il n’existe aucune interdiction explicite de soigner les personnes LGBTIQ+ dans les services de santé publics, mais il n’existe pas non plus de protections spécifiques contre la discrimination.
Constitution (article 93) : garantit le droit à la santé, mais ne mentionne pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Code de la santé : ne comprend pas de protocoles de soins différenciés pour la population LGBTIQ+.
En pratique
Discrimination :
Les personnes trans et non binaires se voient souvent refuser des soins ou reçoivent un traitement hostile dans les hôpitaux publics.
Manque de formation des médecins sur la diversité sexuelle.
Accès aux hormones ou aux thérapies :
Il n’y a pas de couverture publique pour les thérapies hormonales ou les chirurgies d’affirmation du genre.
Dépistage du VIH et des IST
Droit à des tests gratuits :
Le MSPAS et les ONG proposent des tests de dépistage du VIH gratuits et confidentiels dans les centres urbains.
Problemas:
La stigmatisation liée au VIH entraîne un sous-diagnostic.
Manque de preuves dans les zones rurales.
Traitement antirétroviral :
Disponible dans le système public, mais souvent en rupture de stock.
Droits des personnes LGBTIQ
Aucune loi ne criminalise l’homosexualité (depuis 1822), mais il n’existe aucune protection explicite contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Constitution (article 42) : Définit le mariage comme hétérosexuel, limitant les droits dérivés (par exemple, l’accès aux soins de santé communs pour les couples de même sexe).
Code pénal : n’érige pas en infraction les crimes de haine fondés sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle.
La réalité des services de santé
Discrimination systémique :
Les personnes trans et non binaires sont souvent maltraitées ou privées de soins dans les hôpitaux publics.
Absence de protocoles pour des soins différenciés (par exemple, l’utilisation d’un nom social pour les personnes transgenres).
Thérapies d’affirmation du genre :
Elles ne sont pas couvertes par le système public. Les hormones et les interventions chirurgicales ne sont disponibles que dans le secteur privé (à des coûts élevés).
Dépistage du VIH et des IST
Accès aux preuves :
Gratuit dans les centres de santé publique et les ONG telles que COIN, mais avec une stigmatisation associée.
Autotest VIH : non disponible dans le système public (uniquement dans les pharmacies privées).
Traitement antirétroviral :
Couvert par l’assurance maladie nationale (SENASA) pour les personnes diagnostiquées, mais des pénuries ont été signalées.
Prévention combinée:
Les programmes de PrEP (prophylaxie pré-exposition) sont inexistants dans le système public.
Migrants LGBTIQ
Les migrants LGBTIQ+ haïtiens et vénézuéliens:
Ils sont confrontés à une double discrimination (xénophobie + homophobie/transphobie).
Difficulté d’accès aux services de santé en l’absence de documents.
Migrants en transit :
Vulnérables aux violences sexuelles dans les centres de détention pour immigrés.
Les personnes migrantes en Argentine ont des droits sociaux. Elles peuvent accéder au système de santé, à l’éducation, à la sécurité sociale et au travail, entre autres. Toutefois, les conditions requises pour exercer l’un ou l’autre de ces droits peuvent varier. Nous te recommandons, en cas de situation concrète que tu vis ou que quelqu’un d’autre vit, ou en cas de doutes plus spécifiques, de contacter FH.
La Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie et la Loi sur la migration n° 370 reconnaissent les droits des personnes migrantes et établissent un cadre juridique visant à garantir leur protection. Toutefois, dans la pratique, des obstacles subsistent et limitent l’exercice plein de ces droits. Actuellement, une réglementation entre en contradiction avec les droits constitutionnels : les personnes migrantes ne peuvent pas accéder au Système unique de santé, ce qui constitue un enjeu de plaidoyer politique pour l’IpDH.
Les personnes en situation de mobilité, tant internes qu’internationales, disposent de droits sociaux fondamentaux garantis en Colombie. Ces droits sont encadrés par la Constitution, les lois nationales et les traités internationaux, et visent à assurer le bien-être, l’inclusion et la protection sociale de toutes les personnes déplacées ou migrantes, indépendamment de leur statut juridique ou de leur pays d’origine.
Les personnes migrantes, en particulier celles originaires du Venezuela, ont été reconnues dans le cadre du Statut temporaire de protection pour les migrants vénézuéliens (ETPV), qui leur accorde des droits en matière d’emploi, d’accès aux services publics, à l’éducation et à la santé, conformément à leur situation de régularisation migratoire.
Pour les migrants d’autres nationalités, l’accès à ces services est possible une fois leur statut migratoire régularisé, mais des soins d’urgence et des services de base sont également disponibles dans certaines circonstances.
Les personnes déplacées en raison du conflit armé en Colombie ont le droit de recevoir une assistance humanitaire, une protection juridique et un accès à une réparation intégrale de la part de l’État. La loi 1448 de 2011 (Loi sur les victimes) établit des mesures spécifiques pour l’assistance, la réparation et la restitution des terres aux personnes déplacées.
L’Unité pour l’attention et la réparation intégrale aux victimes (UARIV), en collaboration avec d’autres entités gouvernementales et des organisations internationales, œuvre pour garantir une prise en charge globale des victimes du déplacement forcé, y compris une aide à l’intégration sociale et économique, une assistance psychologique et d’autres services.
Kimirina reconnaît que les personnes en situation de mobilité humaine font face à de multiples obstacles pour accéder aux services de santé, en particulier en matière de santé sexuelle et reproductive, de VIH et d’infections sexuellement transmissibles (IST). C’est pourquoi nous travaillons activement pour garantir que les populations en situation de mobilité humaine, les réfugiés et les demandeurs d’asile reçoivent des soins médicaux complets, sans discrimination et adaptés à leurs besoins.
À travers notre modèle communautaire, nous offrons :
Important : les services de dépistage, de PrEP et de PEP sont gratuits, tandis que les consultations spécialisées sont subventionnées sur la base d’une évaluation au cas par cas.
De plus, nous collaborons avec d’autres entités et réseaux de soutien afin de renforcer la réponse humanitaire et l’intégration des personnes en situation de mobilité humaine en Équateur, en promouvant leur bien-être et leur accès aux services essentiels.
Le cadre juridique
Loi sur les migrations (décret 44-2022) : Réglemente l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers, mais ne protège pas spécifiquement les migrants en transit (comme les caravanes vers les États-Unis).
Réfugiés : le Guatemala est signataire de la Convention de 1951 sur les réfugiés, mais.
Limites : Ne reconnaît que 2 % des demandes d’asile (données 2024).
Problèmes : retards dans le processus (jusqu’à 2 ans) et manque de ressources.
Droits fondamentaux
L’accès à la santé :
Les migrants en situation irrégulière ne bénéficient que des soins d’urgence dans les hôpitaux publics (article 3 de la loi sur les migrations).
Exclusions : le VIH ou les maladies chroniques ne sont pas une priorité.
Éducation : les enfants de migrants peuvent accéder aux écoles publiques, mais se heurtent à des obstacles bureaucratiques (exigences en matière de documents).
Situation des groupes vulnérables
Les femmes et les enfants :
Risque élevé de trafic et de violence sexuelle (en particulier sur des itinéraires tels que Tecún Umán).
Peu de refuges offrant une protection spécialisée.
LGBTIQ+ people:
Discrimination dans les centres d’hébergement et expulsions sans évaluation des risques (par exemple, migrants transgenres honduriens).
Main challenges
Expulsions accélérées : la coopération avec les États-Unis et le Mexique sous pression.
Xénophobie : discours politique contre les migrants (en particulier les Vénézuéliens et les Haïtiens).
Corruption : Extorsion par les autorités migratoires.
La Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin sont des îles françaises situées dans des zones frontalières anglophones et hispanophones :
En Martinique et en Guadeloupe, les communautés immigrées sont originaires de la République dominicaine, de Sainte-Lucie, d’Haïti et de la Dominique.
À Saint-Martin, les immigrants sont principalement originaires des pays voisins, tels que Haïti et la République dominicaine. Il y a également des personnes originaires du Venezuela, de Colombie, de Jamaïque et de Guyane.
Le profil des migrants correspond aux personnes séropositives qui se déplacent en raison du manque d’accès au traitement, en particulier dans le cas des Vénézuéliens. Il s’agit également de travailleurs du sexe, de membres de la communauté LGBTQI+ et de personnes en situation d’extrême vulnérabilité économique. Les raisons de leur mobilité s’expliquent par la crise politique, économique et sociale en Haïti et au Venezuela, le manque de ressources économiques et le manque d’accès aux services de santé dans les îles/pays voisins. La stigmatisation et la discrimination fondées sur la séropositivité ou l’orientation sexuelle sont également très présentes, ce qui pousse les gens à se déplacer.
Les routes migratoires sont diverses en raison des différents traités qui existent dans la région. Les personnes originaires d’Haïti et des Caraïbes anglophones font partie de la Communauté des Caraïbes (CARICOM)[1]. Leur appartenance à cette communauté facilite leur transit et ils arrivent dans les territoires frontaliers de la Martinique et de la Guadeloupe, tels que Sainte-Lucie et Saint-Kitts.
Les personnes originaires de la République dominicaine arrivent en Martinique, à Sainte-Lucie et en Guadeloupe par bateau, traversant illégalement et risquant leur vie.
Les Latino-Américains entrent avec un visa touristique de trois mois et repartent par avion à l’expiration du visa.
Pour survivre, les personnes en déplacement ont des emplois clandestins ou précaires à court terme. Elles peuvent également se retrouver dans une situation où elles se livrent au commerce du sexe.
Historiquement, la Guyane française est le pays de destination de la communauté haïtienne. Les communautés migrantes viennent principalement des pays voisins : Suriname et Brésil. Récemment, les flux migratoires sont devenus plus complexes, avec un afflux de personnes en transit pour obtenir des papiers de résidence français afin d’atteindre l’Europe ou les États-Unis.
Les raisons pour lesquelles les personnes viennent en Guyane sont le manque de travail dans leur pays d’origine, les crises politiques, sociales et économiques dans les pays voisins (Venezuela, Brésil), le manque d’accès à l’éducation, l’accès limité aux soins de santé, la recherche d’un travail sur le territoire français en raison de l’extrême précarité dans leurs pays respectifs et, enfin, la stigmatisation et la discrimination liées à la séropositivité et/ou à l’orientation sexuelle.
Les travailleurs du sexe migrants viennent principalement du Brésil et de la République dominicaine. Il y a aussi des personnes du Venezuela et de Cuba, mais en plus petit nombre et il n’y a pas de données officielles. Les personnes vivant avec le VIH sont d’origine brésilienne, surinamaise, haïtienne ou dominicaine et vivent dans des conditions extrêmement précaires.
L’équipe de AIDES constate que les migrants qui se trouvent temporairement en Guyane arrivent par étapes, via le Brésil ou le Suriname. Ils arrivent en pirogue, en avion ou par voie terrestre. Ils survivent grâce à des emplois précaires, des contrats de courte durée ou le travail du sexe. Ils s’entraident à travers des réseaux de solidarité où ils partagent des offres d’hébergement et des aides ponctuelles.
L’immigration en République dominicaine se caractérise principalement par l’arrivée de personnes originaires d’Haïti, son pays voisin. Selon les derniers chiffres du PNUD, en 2019, 86,5 % de la population immigrée était d’origine haïtienne. Ils viennent en République dominicaine principalement pour des raisons économiques et en raison de la situation politique dans le pays concerné. Selon les données partagées par le personnel de la COIN, les Vénézuéliens représentent 1,2 % des migrants, dont la plupart s’installent temporairement dans la capitale avant de poursuivre leur route vers les États-Unis. Les Cubains représentent 0,3 % des migrants.
Les raisons pour lesquelles les gens viennent en République dominicaine sont le manque de travail, les crises politiques et économiques dans leurs pays (Venezuela, Cuba), l’accès très limité aux soins de santé et, enfin, la stigmatisation et la discrimination associées à la séropositivité, à l’orientation sexuelle et aux membres de la communauté LGBT.
Les migrants travaillent, souvent illégalement, dans la construction, l’agriculture, le transport et le commerce. Les prostituées sont principalement haïtiennes et vénézuéliennes.
Les personnes migrantes en Argentine doivent demander un titre de séjour afin d’éviter un statut irrégulier. Le titre de séjour est une autorisation délivrée par l’État pour vivre dans le pays. Pour l’obtenir, il faut effectuer une démarche sur le site web de la Direction nationale des migrations : argentina.gob.ar/interior/migraciones
Pour en savoir plus sur les démarches de résidence, vous pouvez consulter le Canal Unique de Contact de la Direction nationale des migrations : canalunico.mininterior.gov.ar
Vous pouvez également demander des informations et de l’aide pour les démarches de résidence auprès de l’ambassade ou du consulat de votre pays, s’il dispose d’une représentation en Argentine.
Si vous êtes migrant et souhaitez vous installer en Argentine, vous devez effectuer l’une des démarches de résidence prévues par la loi argentine.
Il existe quatre types de résidence : la résidence précaire, la résidence transitoire, la résidence temporaire et la résidence permanente. Les conditions d’accès à chacune sont différentes, mais dans tous les cas, vous devrez présenter vos documents personnels. Il est donc utile de scanner ou de prendre une photo de vos documents personnels, puis de les télécharger sur le site web de la Direction nationale des migrations.
Les conditions pour obtenir la résidence varient selon que vous soyez ressortissant d’un pays membre ou associé du Mercosur ou non. Les pays membres et associés du Mercosur sont : Brésil, Uruguay, Paraguay, Chili, Bolivie, Suriname, Venezuela, Pérou, Colombie, Guyana, Équateur.
Les démarches pour obtenir un titre de séjour peuvent prendre du temps. C’est pourquoi, pendant que vous effectuez la procédure pour l’un des types de résidence, l’État vous délivrera une résidence précaire qui vous permettra de travailler et d’étudier en Argentine. La résidence précaire est valable 90 jours. Une fois expirée, vous pouvez la renouveler jusqu’à ce que la procédure de résidence demandée soit finalisée.
Par ailleurs, vous pouvez également entrer avec une résidence transitoire si vous prévoyez de rester peu de temps, par exemple en tant que touriste ou pour des raisons spécifiques.
Il est plus complexe d’obtenir une résidence temporaire si vous souhaitez vous installer dans le pays pour une durée relativement longue, sans y vivre de manière définitive. Vous pouvez également la demander comme étape préalable à l’obtention de la résidence permanente. Selon les cas, la durée de la résidence temporaire peut être d’1, 2 ou 3 ans, et elle est renouvelable. La résidence temporaire permet d’entrer et de sortir du pays sans limitation.
Les documents à présenter pour demander la résidence sont :
– une carte d’identité, un passeport ou un certificat de nationalité de votre pays d’origine (avec photo),
– un certificat de casier judiciaire de votre pays d’origine et des pays où vous avez vécu au cours des trois dernières années,
– une déclaration sur l’honneur indiquant que vous n’avez pas de casier judiciaire dans d’autres pays (à effectuer en personne auprès de la Direction nationale des migrations),
– un document de voyage ou une carte migratoire avec le tampon d’entrée en Argentine,
– un certificat de domicile ou une facture de service public à votre nom (impôts locaux, électricité, eau ou gaz),
– et le paiement de la taxe de résidence.
Le certificat de casier judiciaire peut être demandé directement sur le site web de la Direction nationale des migrations.
Le certificat de domicile sert à prouver où vous vivez en Argentine. L’endroit où l’obtenir peut dépendre de la ville ou de la province dans laquelle vous résidez. En général, ce sont les postes de police qui délivrent les certificats de domicile. Si vous vivez dans un quartier informel ou un campement, vous pouvez utiliser comme certificat de domicile le Certificat de logement familial du Registre national des quartiers populaires, qui se demande auprès de l’ANSES, l’organisme national de sécurité sociale.
Si vous venez d’un pays qui n’est ni membre ni associé du Mercosur, vous devez présenter des documents supplémentaires pour prouver que vous remplissez les conditions requises pour obtenir le type de résidence temporaire que vous demandez.
Enfin, vous pouvez accéder à la résidence permanente si vous décidez de vous établir définitivement dans le pays. La résidence permanente est accordée dans les cas suivants : si vous êtes membre de la famille d’une personne de nationalité argentine ou d’un étranger résidant de manière permanente en Argentine ; si vous venez d’un pays membre ou associé du Mercosur et que vous avez eu une résidence temporaire en Argentine pendant deux années consécutives et ininterrompues ; ou si vous venez d’un pays qui n’est ni membre ni associé du Mercosur, mais que vous avez eu une résidence temporaire en Argentine pendant trois années consécutives et ininterrompues.
La documentation requise pour demander la résidence permanente est la même que celle demandée pour une résidence temporaire. Dans le cas d’une demande de résidence permanente, vous devez également télécharger sur le site web de la Direction nationale des migrations votre acte de naissance ainsi que les documents spécifiques correspondant au motif de votre demande d’installation permanente dans le pays.
Toutes les démarches pour entamer et obtenir un quelconque type de résidence peuvent être effectuées par la personne elle-même, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des avocats ou des intermédiaires. Toutes les procédures de résidence se font en ligne et doivent être initiées exclusivement via le Système de Résidence à Distance Ra.D.Ex : migraciones.gob.ar/radex/
La première étape consiste à vous inscrire dans le système à l’aide d’une adresse e-mail. Une fois inscrit, un compte utilisateur vous sera attribué par le système. Avec cet identifiant, vous pourrez naviguer sur le site web de la Direction nationale des migrations. Vous devez avoir à portée de main tous les documents et informations requis selon le type de résidence que vous demandez. Si vous effectuez la démarche pour des membres de votre famille, vous devez également disposer de leurs documents.
Une fois votre demande finalisée, la Direction nationale des migrations vous enverra une convocation par e-mail afin que vous vous présentiez à la délégation la plus proche de votre domicile. Il est important de noter que, pour demander une résidence en ligne, vous devez vous trouver sur le territoire de la République argentine. Le système vérifiera votre entrée légale dans le pays et pourra vous demander le justificatif d’entrée ou le tampon apposé sur votre passeport.
La régularisation migratoire en Bolivie requiert :
Force spéciale de lutte contre le crime (FLCC)
Force spéciale de lutte contre le crime (FLCN)
Registre judiciaire des antécédents pénaux :
6. Examen médical: Dépôt bancaire de 500 Bs (45 $) pour les adultes et de 240 Bs (22 $) pour les enfants de moins de 14 ans. L’examen comprend plusieurs prérequis définis jusqu’à l’obtention du certificat de santé.
7. Notaire pour la déclaration sur l’honneur (solvabilité économique). La déclaration sur l’honneur de solvabilité peut être réalisée dans n’importe quel office notarial du département. Le coût est de 75 Bs (7 $) et la déclaration doit comporter la signature de la personne solvable et de la personne bénéficiaire.
8. Interpol.
Le processus de régularisation migratoire en Colombie est essentiel pour garantir que les personnes migrantes, indépendamment de leur nationalité, puissent accéder à des droits fondamentaux tels que la santé, l’éducation, le travail et d’autres services sociaux. L’État colombien a mis en place divers mécanismes et lois pour régulariser la situation migratoire, parmi lesquels l’un des plus importants est le Statut temporaire de protection pour les migrants vénézuéliens (ETPV), bien qu’il existe également des procédures pour d’autres nationalités.
Le ETPV, établi en février 2021, est un processus de régularisation migratoire exceptionnellement conçu spécifiquement pour les migrants vénézuéliens. Ce statut a pour objectif de fournir une protection temporaire aux migrants vénézuéliens qui se trouvent en Colombie de manière irrégulière, leur permettant d’accéder à des droits tels que le travail, la santé et l’éducation, entre autres.
Procédure sous le ETPV :
La procédure de régularisation s’applique également aux migrants d’autres nationalités, bien qu’avec des mécanismes différents en fonction de leur statut et de leur situation migratoire.
Le salvoconducte est un document migratoire délivré aux personnes étrangères en situation irrégulière qui ont besoin de régulariser leur séjour dans le pays, ou qui sont en cours de retour vers leur pays d’origine.
C’est un permis temporaire délivré par l’Unité administrative spéciale Migration Colombie (Migración Colombia), qui autorise les migrants en situation irrégulière à séjourner dans le pays sous certaines conditions, ou à quitter la Colombie sans faire face à des sanctions migratoires. Le salvoconducte ne confère pas de droits permanents de résidence, mais permet la régularisation temporaire et l’accès à certains services de base pendant sa période de validité.
Ce type de salvoconducte est utilisé pour les migrants qui sont en processus de régularisation migratoire (par exemple, les migrants vénézuéliens sous le Statut temporaire de protection). Avec ce document, les migrants peuvent séjourner légalement dans le pays pendant que leur situation migratoire définitive est résolue. Ce salvoconducte leur permet d’accéder à des droits tels que la santé et l’éducation de manière temporaire.
Il est accordé aux migrants qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays d’origine. Ce permis leur permet de quitter la Colombie sans faire face à des sanctions migratoires et peut être accompagné d’une assistance humanitaire et de transport, dans le cas où le migrant se trouve en situation de vulnérabilité.
Ce type de salvoconducte est délivré aux personnes se trouvant dans une situation d’urgence ou de crise (par exemple, les victimes de violence ou de catastrophes naturelles) et qui ont besoin de rester temporairement en Colombie sans être soumises à des arrestations ou à des sanctions.
Les exigences spécifiques peuvent varier en fonction du type de salvoconducte demandé, mais incluent généralement :
Concernant la procédure de régularisation des migrants, en 2023, le gouvernement de Guillermo Lasso a approuvé le décret n° 43624, qui facilite la régularisation des citoyens vénézuéliens étant entrés en Équateur par un point de contrôle migratoire. Ces personnes peuvent demander un permis de séjour temporaire de deux ans, renouvelable une seule fois. Ce permis facilite l’accès aux services de santé. La législation confirme que les migrants titulaires d’un permis de séjour temporaire ont droit à l’accès aux services de santé, à trouver un emploi permanent et à bénéficier des droits et services de base.
À la fin de la page, la table des services et des droits offerts par chaque partenaire au sein du réseau sera affichée, avec les détails supplémentaires de leurs contacts. Chaque partenaire aura un bouton de contact distinct à la fin du tableau.
Il existe plusieurs types de titres de séjour en France, qui permettent aux personnes étrangères de séjourner légalement sur le territoire français pour une durée déterminée. Voici les principaux titres de séjour :
Toutes les informations et les procédures en fonction de sa situation sont disponibles sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110
En fonction du titre de séjour, la demande est à faire à la préfecture de son domicile ou directement sur internet sur le site de l’ANEF (Administration numérique des étrangers en France) : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
Droit au travail : tous les titres de séjour donnent le droit de travailler à l’exception du titre de séjour « visiteur » et du titre de séjour « retraité ».
Bon à savoir : le titre de séjour Étudiant / stagiaire étranger Pour étudier en France en tant qu’étranger, il faut d’abord demander un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) mention « étudiant », il est valable de quatre mois à un an. Après un an, une demande de carte de séjour temporaire étudiant (valable un an) ou pluriannuelle étudiant (valable deux à quatre ans) peut être faite. Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2231 |
Pour la première demande, tous ces titres de séjour ont en général une durée d’un an.
Pour les demandes de renouvellement, la durée peut être d’un an ou plus, c’est ce qu’on appelle la carte de séjour pluriannuelle.
Pour le titre de séjour « étranger malade », elle va notamment dépendre de l’estimation par l’Ofii de la durée des soins en France.
Il existe plusieurs types de titres de séjour en France, qui permettent aux personnes étrangères de séjourner légalement sur le territoire français pour une durée déterminée. Voici les principaux titres de séjour :
Toutes les informations et les procédures en fonction de sa situation sont disponibles sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110
En fonction du titre de séjour, la demande est à faire à la préfecture de son domicile ou directement sur internet sur le site de l’ANEF (Administration numérique des étrangers en France) : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
Droit au travail : tous les titres de séjour donnent le droit de travailler à l’exception du titre de séjour « visiteur » et du titre de séjour « retraité ».
Bon à savoir : le titre de séjour Étudiant / stagiaire étranger Pour étudier en France en tant qu’étranger, il faut d’abord demander un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) mention « étudiant », il est valable de quatre mois à un an. Après un an, une demande de carte de séjour temporaire étudiant (valable un an) ou pluriannuelle étudiant (valable deux à quatre ans) peut être faite. Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2231 |
Pour la première demande, tous ces titres de séjour ont en général une durée d’un an.
Pour les demandes de renouvellement, la durée peut être d’un an ou plus, c’est ce qu’on appelle la carte de séjour pluriannuelle.
Pour le titre de séjour « étranger malade », elle va notamment dépendre de l’estimation par l’Ofii de la durée des soins en France.
Tableau des services
Tableau des services
Tableau des services
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Contacto: Aides Saint-Laurent du Maroni - 36 rue du Colonel CHANDON 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI Aides Bas-Maroni - Route SOOKE (près de la mairie) 97340 GRAND SANTI Aides Haut-Maroni (Maripasoula) - Rue du Lieutenant FERRAND 97370 MARIPASOULA
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